Buenos Aires: El denominado "triángulo del litio" —conformado por Argentina, Bolivia y Chile, que en conjunto albergan más del 60% de las reservas mundiales de este mineral esencial para la transición energética global— está en el centro de las negociaciones geopolíticas más relevantes de 2026. La aceleración de la demanda de vehículos eléctricos y baterías a gran escala ha convertido al litio en uno de los recursos más estratégicos del siglo XXI.
Argentina encabeza la expansión de producción, con nueve proyectos mineros de litio en diferentes etapas de revisión y desarrollo. El gobierno de Milei ha simplificado trámites para el otorgamiento de concesiones y ofrece condiciones fiscales favorables para atraer inversión extranjera. Las empresas de China, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos compiten activamente por acceder a las reservas argentinas.
El caso de Bolivia
Bolivia posee el mayor yacimiento individual de litio del mundo, el Salar de Uyuni, pero su desarrollo ha sido más lento debido a la decisión del gobierno de mantener la industrialización bajo control estatal. La empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) ha experimentado retrasos técnicos y financieros en sus plantas de baterías. El gobierno del presidente Rodrigo Paz enfrenta la presión de atraer capital privado sin perder la participación del Estado en la cadena de valor.
Chile, el mayor productor de litio del mundo, enfrenta una transición política con el nuevo gobierno de Kast, que promete revisar la política de litio del gobierno anterior. Codelco, la empresa minera estatal, y los contratos con empresas privadas como SQM y Albemarle serán objeto de negociación en los próximos meses.
Implicaciones ambientales
El auge del litio genera también preocupaciones ambientales. La extracción en salares es intensiva en agua, un recurso escaso en las áridas regiones donde se encuentran los yacimientos. Comunidades indígenas del noroeste argentino, del altiplano boliviano y del norte de Chile han protestado por el impacto de la minería en sus territorios y fuentes de agua. Los tres gobiernos están bajo presión para desarrollar marcos regulatorios que equilibren la oportunidad económica con la protección ambiental.
