Caracas: La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, promulgó el 19 de febrero de 2026 una histórica ley de amnistía que podría beneficiar a cientos de presos políticos, activistas, abogados y ciudadanos detenidos durante la era de Nicolás Maduro. La medida representa un giro radical en la política venezolana tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses en enero.
La ley, aprobada por la Asamblea Nacional con el apoyo de bloques tanto oficialistas reformistas como de la oposición moderada, establece un mecanismo de revisión caso por caso para determinar quiénes califican para la liberación inmediata o la reducción de condenas. Los abogados de derechos humanos estiman que hasta 300 personas podrían beneficiarse en las primeras semanas.
Alcance de la medida
La amnistía cubre a personas detenidas por protestar, ejercer el periodismo, expresar opiniones en redes sociales o por afiliación política entre 2017 y 2025. No aplica a quienes enfrentan cargos por delitos violentos o corrupción. Una comisión especial de revisión compuesta por representantes del Ministerio Público, la defensoría del pueblo y organizaciones civiles determinará cada caso.
Organizaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo Amnistía Internacional y Human Rights Watch, celebraron la medida aunque pidieron garantías de que el proceso sea transparente e imparcial. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ofreció asistencia técnica.
Contexto político
La aprobación de la amnistía se produce en un contexto de profunda incertidumbre política. Rodríguez gobierna desde que Maduro fue capturado en una operación nocturna de fuerzas especiales estadounidenses en el área metropolitana de Caracas. El secretario de Estado Marco Rubio ha descrito la transición venezolana como un proceso de tres fases: estabilización, recuperación económica y transición política.
La oposición en el exilio, encabezada por María Corina Machado, ha recibido la ley con cautela. Machado argumenta que cualquier proceso de transición debe ir acompañado de una hoja de ruta clara hacia elecciones libres y verificadas por organismos internacionales. Las tensiones entre Rodríguez y los sectores más radicales de la oposición continúan siendo un obstáculo para una transición ordenada.
